Ucrania ha registrado las primeras protestas masivas contra el Gobierno de Volodymyr Zelensky desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Las manifestaciones, que se desarrollaron en ciudades como Kyiv, Lviv, Dnipro y Odesa, reflejan un creciente descontento popular ante la decisión del Ejecutivo de limitar la autonomía de las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La aprobación por parte del Parlamento ucraniano de una controvertida reforma legal que transfiere el control de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) al fiscal general —una figura designada por el presidente— ha generado una reacción inmediata tanto dentro del país como en el ámbito internacional. Esta medida representa un cambio sustancial en la arquitectura institucional que Ucrania ha desarrollado desde la Revolución de la Dignidad en 2014, y que ha sido clave en el proceso de acercamiento a la Unión Europea.
Preocupaciones sobre el debilitamiento institucional
La principal crítica a la nueva legislación radica en que debilita la independencia operativa de los organismos que hasta ahora investigaban y procesaban los casos de corrupción de alto nivel de manera autónoma. Al concentrar el poder de supervisión en la figura del fiscal general, los opositores temen que las investigaciones puedan ser manipuladas o incluso archivadas bajo criterios políticos.
El mandatario Zelensky justificó la reforma afirmando que era una acción esencial para salvaguardar las instituciones ucranianas frente a la presunta infiltración de agencias de inteligencia extranjeras. Unos días antes de la aprobación de la ley, las autoridades realizaron un allanamiento en una de las agencias implicadas y arrestaron a dos trabajadores bajo la sospecha de cooperación con servicios de inteligencia rusos.
No obstante, estas explicaciones no han conseguido aliviar la creciente inquietud en amplias áreas de la sociedad ucraniana. Desde antiguos funcionarios del gobierno hasta soldados que pelean en el frente este, las opiniones críticas creen que esta modificación supone una traición a los valores democráticos por los que los ucranianos han batallado en los últimos diez años.
Influencia en el proceso de ingreso a la Unión Europea
Uno de los pilares del proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea ha sido la implementación de políticas efectivas de transparencia y rendición de cuentas. Las agencias NABU y SAPO, creadas tras las protestas de 2014, fueron concebidas como estructuras independientes precisamente para responder a este requerimiento.
El tema ha generado inquietud en Bruselas, donde los encargados del proceso de expansión han señalado que cualquier reversión en temas relacionados con el Estado de derecho podría amenazar la aspiración de Ucrania a convertirse en miembro de pleno derecho. Funcionarios del bloque han subrayado que la autonomía judicial y la operación independiente de las entidades de supervisión son requisitos fundamentales para seguir adelante con las conversaciones.
Por su parte, organismos internacionales y socios clave de Ucrania también han manifestado su inquietud. Desde instituciones de control anticorrupción hasta entidades empresariales internacionales con intereses en el país, la crítica ha sido unánime: la nueva ley podría erosionar la confianza en el compromiso del Gobierno ucraniano con la lucha contra la corrupción.
Molestia entre los residentes y las fuerzas armadas
Más allá de la esfera política e institucional, la decisión ha tenido eco en sectores que han sostenido al país en tiempos de guerra. Soldados en el frente han expresado su frustración al ver cómo se socava el esfuerzo por mantener la transparencia mientras ellos arriesgan sus vidas por el país. El mensaje es claro: la corrupción desmoraliza y mina la cohesión social en un momento en que la unidad nacional es crucial.
Para muchos ucranianos, las reformas anticorrupción no solo son una exigencia internacional, sino una necesidad histórica tras años de prácticas institucionales cuestionadas. El recuerdo de gobiernos anteriores marcados por escándalos de corrupción sigue presente, y cualquier intento de debilitar los controles existentes es percibido como un retroceso.
Zelensky y la carga de sus compromisos
Cuando Volodymyr Zelensky llegó al poder en 2019, lo hizo con una plataforma centrada en la erradicación de la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho. Su perfil como figura ajena a la política tradicional le permitió canalizar el hartazgo ciudadano y construir una base de apoyo sólida.
Durante los primeros años de su mandato, su administración recibió elogios por impulsar estrategias nacionales contra la corrupción y por la destitución de altos funcionarios implicados en escándalos. Sin embargo, la reciente reforma legislativa ha encendido las alarmas y ha generado dudas sobre la coherencia de su programa de gobierno.
Zelensky ha asegurado que las reformas intentarán solucionar cuestiones estructurales sin comprometer la eficiencia de las entidades involucradas. No obstante, estas afirmaciones no han sido suficientes para calmar el aumento del descontento social ni para persuadir a los socios internacionales.
Un momento clave para el futuro institucional del país
El debate abierto en Ucrania por esta reforma pone de relieve la fragilidad de las instituciones en contextos de guerra y crisis prolongada. En momentos de alta tensión política y militar, las decisiones sobre la arquitectura institucional adquieren una dimensión estratégica, ya que definen el rumbo del país no solo a corto, sino también a largo plazo.
El reto para el Gobierno será evidenciar que continúa comprometido con los valores que lo llevaron al poder y que puede reaccionar ante las críticas con medidas específicas que refuercen -y no socaven- las bases democráticas del Estado ucraniano. Las siguientes semanas serán cruciales para determinar si la presión social y diplomática logra revertir una decisión que ha generado preocupación tanto en el interior como en el exterior del país.